Tras el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno español sobre la recuperación de su deuda histórica autonómica, y el derecho al que han apelado ya otras Comunidades para que el Estado repare la falta de inversiones de los últimos años, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife sigue considerando irrenunciable, llegados a este extremo, la exigencia por parte del Gobierno de Canarias del déficit acumulado de financiación que arrastra nuestra Comunidad Autónoma.
Canarias además de estar afectada, junto a otras Comunidades Autónomas, por el impacto del crecimiento poblacional y, consecuentemente, por la mayor demanda de servicios sociales básicos y dotación de infraestructuras que permitan la integración socio-laboral de los colectivos desfavorecidos, se enfrenta al coste adicional de su condición de Región Ultraperiférica, donde la lejanía e insularidad son factores determinantes.
Limitaciones éstas por las que CEOE - Tenerife, como ha manifestado en reiteradas ocasiones, considera ineludible garantizar el reconocimiento de nuestra especial condición y, por tanto, su encaje en el nuevo modelo de financiación autonómica, así como garantizar el Fondo de Suficiencia como instrumento respetuoso con el principio de solidaridad entre regiones, y con el Estado de Bienestar.
Y es precisamente, en cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial, cuando se configura como instrumento de política económica, propio e independiente de otros como la menor tributación que en el resto del Estado y la compensación por el hecho insular, los preceptos del artículo 95 y 96 de la Ley 20/1991 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y que, en definitiva, legitiman la fijación de un nivel mínimo de inversión de la Administración Central del Estado para Canarias que se equipare al promedio de la inversión pública estatal.
A este respecto, cabe señalar que los empresarios canarios siempre hemos sido celosos defensores de nuestro Régimen Económico y Fiscal, como pieza fundamental del desarrollo económico de Canarias, precisamente por contener instrumentos útiles para impulsar el crecimiento económico y contribuir a la generación de riqueza, así como creación y mantenimiento de empleo en Canarias.
Sin duda, el contexto actual exige reforzar los instrumentos de política económica anticíclica, entre los que ocupa un lugar destacado, la inversión pública, a través de los Presupuestos de las Administraciones Públicas, por su carácter estratégico en el desarrollo socio - económico de nuestra Región.
De ahí que CEOE - Tenerife, inste al Gobierno regional a intensificar sus esfuerzos en la defensa de la recuperación de la deuda histórica que registra Canarias con el Estado, y que según distintas fuentes oscila entre los 800 y 1.200 meuros, al amparo de nuestro propio Régimen Económico y Fiscal, así como la reforma de un modelo de financiación que responda a las necesidades reales de nuestro Archipiélago, sin que dicha defensa esté condicionada al estado actual de negociación de la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, y sin que dicho compromiso implique la pérdida de nuestro diferencial fiscal, ni aumentos del nivel de imposición, con el fin de garantizar la estabilidad en la política presupuestaria de Canarias, a la vez que se estimula la actividad inversora que el sector productivo demanda para dinamizar la economía y contribuir al mantenimiento del empleo.
