La dureza y profundidad de la crisis económica ha llevado a todos los países desarrollados a realizar un esfuerzo fiscal significativo para paliar las consecuencias de la crisis y preservar los niveles alcanzados de desarrollo y bienestar. No obstante, como consecuencia de esta imprescindible política fiscal expansiva, las finanzas públicas han sufrido un grave deterioro que ahora debe ser corregido como requisito esencial para alcanzar una recuperación económica sólida y duradera.

El Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público ha sido el último ejemplo de este esfuerzo por encauzar el déficit público, pero es improbable que sea el último.

En el primer capítulo de este RDL, se recogen las disposiciones encaminadas a reducir, con criterios de progresividad, la masa salarial del sector público en un 5 por ciento en términos anuales. Por su parte, el capítulo II suspende la revalorización de las pensiones públicas para el año 2011, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. El capítulo III suprime, para los nuevos solicitantes, la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose, paralelamente, un plazo máximo de resolución de seis meses, cuyo incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde la fecha en que se incurra en el mismo. Asimismo, el capítulo IV deja sin efecto la prestación por nacimiento o adopción de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. El capítulo V establece una revisión del precio de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia y la adecuación del número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como dispensación de medicamentos en unidosis. Todo ello con el objetivo de reducir los gastos en farmacia. Además, en el capítulo VI se adoptan medidas con el fin de garantizar la contribución de las entidades locales al esfuerzo de consolidación fiscal y de mejora del control de la gestión económica financiera de las citadas entidades. Por último, en el capítulo VII se establecen medidas adicionales tendentes a realizar un control más eficaz del gasto público.

En cuanto a las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2.011, el Consejero de Economía y Hacienda ha anunciado nuevos sacrificios en el gasto público como consecuencia de la reducción de ingresos por la crisis. Se cifra en 1.069 millones de euros el recorte de esos ingresos el próximo año con respecto a los de 2010 debido al nuevo sistema de financiación autonómica, al menor uso de deuda pública y a la devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación en ejercicios anteriores. Ello obliga a un recorte de gastos radical que afectará a todos los capítulos y consejerías.

La reciente convulsión en los mercados financieros, protagonizada por repuntes considerables de los diferenciales soberanos y caídas de las principales bolsas europeas, pone de manifiesto que, dadas las necesidades de financiación de la economía española y su dependencia de los mercados de capital extranjero, la no implementación de tales medidas hubiera supuesto claramente el final de la recuperación económica, incrementándose sustancialmente la probabilidad de una recaída muy severa en la recesión.

No constituye el objeto del presente informe el análisis de cuáles hubieran sido las consecuencias para España y Canarias si la carencia de tales medidas hubiera provocado una caída tal de la confianza de los inversores extranjeros en nuestra economía que hubiera llevado a una intervención "a la griega". Baste mencionar que, en el caso de Grecia, el impacto este año se estima en una reducción de algo más de un 2% del PIB y en una caída de un 1% adicional durante 2.011. En el caso español, dado que el tamaño de nuestra economía es cinco veces superior al griego tal intervención hubiera ocasionado impactos aún superiores pues hubiera afectado incluso al conjunto de la economía europea. La conclusión es clara, el ajuste fiscal emprendido por el Gobierno no sólo era necesario, sino también ineludible.

En un intento de cuantificar las medidas de los distintos planes de ajuste sobre Canarias, se puede observar que el ajuste del gasto público en nuestra Región asciende a 285 millones de euros en el 2010 y a 1.520 millones de euros en 2011, asumiendo que el monto de dicho ajuste se repartirá de forma más o menos proporcional al peso de la población de cada Comunidad Autónoma sobre el conjunto del Estado, alrededor de un 4,5% en el caso de Canarias; y que de la reducción de 1.069 millones de euros estimada para el próximo Presupuesto de Canarias, se han descontado los 145 millones de euros que ya se ahorran en los presupuestos como consecuencia de la reducción del sueldo de los funcionarios, que ya está incluida en su epígrafe correspondiente.

Excluyendo pues, el "escenario debacle" que debía ser evitado a toda costa, nuestro análisis se centra en los impactos tanto positivos como negativos de las medidas anunciadas dentro de un escenario de comportamiento "normal" de los mercados.

Así pues, cabe señalar que la mayor parte de las medidas de ajuste planteadas inciden sobre la demanda agregada vía consumo o vía inversión. Sin embargo, no todas ellas tendrán el mismo efecto sobre el PIB, como lo prueba la amplia bibliografía sobre los efectos diferenciales que generan la variación en el consumo del gobierno, la inversión, y la renta disponible.

Igualmente se asume que los ajustes se consolidarán en el tiempo, es decir, que con posterioridad al 2.011 no se recuperarán los niveles de gasto público preexistente, lo que parece razonable de cara a cumplir con el objetivo del déficit público del 3% en el 2.013.

Dado que la reducción del Presupuesto para Canarias en el año 2.011 no está aún detallada, se asume también un reparto entre gastos corrientes e inversión similar al del Plan de Ajuste de España, esto es, alrededor de un 30% del ajuste se detraerá de inversiones y el 70% restante de gastos corrientes y transferencias.

Así pues, con estas salvedades y aplicando los distintos multiplicadores a cada una de las medidas[1], los efectos obtenidos sobre la demanda agregada son los siguientes:

Es decir, el impacto sobre la demanda agregada de las medidas de ajuste reduciría el PIB de Canarias en 0,1 p.p. en el 2.010, en 0,6 p.p. en el 2.011 y en 0,5 p.p. los años siguientes.

Como puede apreciarse, en el 2.011 el mayor impacto vendrá dado por la reducción del Presupuesto para Canarias en ese año, aunque en ejercicios posteriores será la reducción de las inversiones las que supongan el mayor drenaje de crecimiento.

El efecto de la suspensión de la jubilación parcial es inexistente, dado que los trabajadores continuarán desempeñando su trabajo hasta su jubilación a la edad establecida. Igualmente inapreciable es el efecto de la reducción de la ayuda al desarrollo, pues buena parte de ella iba destinada al exterior.

La reducción del consumo provocada por la reducción de sueldos y pensiones tendrá un impacto limitado. Hay que tener en cuenta, que parte de esa reducción de salarios se detraerá del ahorro y no del consumo, especialmente en las rentas más altas, que son las más afectadas por el ajuste.

El sector exterior aportará alrededor de 0,2 p.p. al crecimiento como consecuencia de la reducción de importaciones por la menor demanda y la menor presión sobre los precios que ocasiona un incremento de la competitividad e incrementa las exportaciones.

Sin embargo, no todos los efectos del ajuste presupuestario son negativos. Como se ha mencionado, ha habido países que han terminado experimentando una expansión económica como consecuencia de un aumento de la demanda privada que más que compensa la caída de la demanda pública. No hay que descartar incluso un impacto mayor de lo estimado del efecto riqueza y del aumento de la confianza que tiene la consolidación fiscal al restringir el crecimiento de la deuda pública, limitar el aumento de la prima de riesgo, imprimir credibilidad al plan y definir claramente las políticas detrás del proceso de reducción del déficit.

Cabe señalar que el deterioro generalizado del saldo presupuestario y el crecimiento sostenido de la deuda pública europea ha puesto en cuestión los niveles de solvencia de sus Administraciones Públicas. En los últimos meses esta incertidumbre se ha reflejado tanto en la rebaja de la calificación de la deuda pública de países como Grecia, Portugal o España, así como en el notable incremento de los diferenciales soberanos con respecto al bono alemán. Este comportamiento de los diferenciales soberanos refleja, además de la creciente preocupación de los mercados internacionales sobre la capacidad de atender las obligaciones financieras futuras de algunos países, una menor disposición de los inversores a financiar a los Estados, con lo que el coste del endeudamiento público se encarece. Como consecuencia de ello, el aumento de las primas de riesgo de la deuda pública repercute en un mayor coste de financiación del sector privado, penalizando la inversión privada y el crecimiento a medio y largo plazo.

El efecto desplazamiento (también conocido como efecto expulsión o crowding out) es una situación en la que la capacidad de inversión de las empresas se reduce debido a la deuda pública.

Igualmente, al incrementar la deuda pública y la emisión de títulos públicos, se desplaza la inversión privada. Este tipo de desplazamientos suponen un trastorno en las condiciones financieras ya que reduce los recursos financieros disponibles. Se dice entonces que la inversión privada está siendo "desplazada o expulsada" por la pública. Es lo que se conoce como efecto expulsión o crowding-out.

El efecto expulsión se basa en dos hechos económicos fundamentales: la fungibilidad del dinero y la escasez de los recursos. Dada una capacidad productiva limitada, al menos en el corto plazo, cualquier actividad adicional del Estado que deba ser financiada lo será a costa de alternativas privadas. El mecanismo de financiación en sí, ya sea un aumento en los impuestos, una emisión de deuda o la creación de dinero mediante inflación monetaria, siempre detraerá un valor equivalente de usos alternativos de esos recursos productivos en manos del sector privado.

Este hecho ya se está produciendo en la actualidad. Las administraciones públicas han captado en el último año -marzo sobre marzo- nada menos que 111.078 millones de euros para financiar sus cuantiosos déficits presupuestarios. En ese mismo periodo de tiempo, la apelación al crédito del sector privado se ha reducido. Las empresas disponen de 18.612 millones de euros menos que hace un año, y las familias 3.319 millones de euros.

Y la situación aún empeorará más. Incluso tras el Plan de Ajuste, España necesitará endeudarse en 546.220 millones de euros adicionales hasta el 2.013, para hacer frente a sus vencimientos y al nuevo déficit. De ahí el

incremento de tipos de interés para las nuevas emisiones. El mercado asume las dificultades de "colocación" de la nueva deuda y, al aumentar el riesgo de impago, aumenta el tipo de interés que exige para la nueva deuda.

Situación ésta que genera un efecto adicional a la restricción de créditos para el sector privado, ya que la subida en la tasa de interés hace que los ahorradores se sientan más motivados a ahorrar, disminuyendo su consumo y agravando la crisis. De ahí que la contención del endeudamiento público genere efectos positivos en la economía.

Además, está el hecho de que la acumulación de deuda tarde o temprano debe pagarse y, al menos en parte, suele hacerse con subidas de impuestos que generan un impacto negativo; motivo por el que, si los agentes económicos asumen que el ajuste presupuestario evitará, al menos en parte, incrementos futuros de impuestos, su comportamiento sea más favorable en lo que respecta al consumo y la inversión, generando efectos positivos.

Estos efectos comentados tienen un periodo mayor de maduración. De ahí que se estimen inapreciables en el 2.010, mientras que en el año 2.011 aportarán 0,4 p.p. al crecimiento económico, siendo incluso superior su aportación en años posteriores (1,0 p.p.). 

Como se observa, a medio plazo el ajuste presupuestario resulta beneficioso por el efecto riqueza y el aumento de la confianza. La inversión privada, la reducción del pago de intereses y la mejora de expectativas incrementan el potencial de crecimiento de la economía y compensan la caída en la demanda pública.

Por los motivos expuestos, y según nuestras estimaciones, estimamos pues que el impacto de los procesos de consolidación presupuestaria anunciados tanto por el Gobierno de España como por el Gobierno de Canarias para este año y el próximo conllevará una reducción de 0,1 p.p. en el crecimiento del PIB de Canarias en el año 2.010 y otra reducción adicional de 0,2 p.p. en el año 2.011. Sin embargo, a medio plazo los efectos positivos de dichas medidas generarán un crecimiento positivo adicional de 0,5 p.p. en los años 2.012 y 2.013. 

La evidencia empírica muestra que en algunos episodios de fuerte reducción del déficit primario ha habido países que han terminado experimentando una expansión económica como consecuencia de un aumento de la demanda privada que más que compensa la caída de la demanda pública. No hay que descartar incluso un impacto mayor de lo estimado del efecto riqueza y del aumento de la

confianza que tiene la consolidación fiscal al restringir el crecimiento de la deuda pública, limitar el aumento de la prima de riesgo, imprimir credibilidad al plan y definir claramente las políticas detrás del proceso de reducción del déficit.

Cabe insistir en que, para este análisis, se ha partido de la hipótesis de que el reparto del ajuste en el Presupuesto para Canarias en el año 2.011 entre gastos corrientes/inversión será de un 70%/30% unos 748 millones de reducción en gastos corrientes y 321 millones en inversión. Sin embargo, si la inversión publica se redujese a cero (-720 millones de euros) en el próximo Presupuesto de Canarias, el PIB del 2.011 se contraería 0,1 p.p. más que en nuestra hipótesis de trabajo, y el PIB a medio plazo se reduciría en 0,2 p.p. adicionales. Por el contrario si la inversión pública no se redujese en absoluto a corto y medio plazo el crecimiento potencial del PIB sería de 0,1 p.p. superior.

Por otro lado, la reducción del Presupuesto inicial de Ingresos fiscales previstos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010 respecto al correspondiente presupuesto ajustado de 2009, por importe de 555,6 meuros, supera ampliamente la suma de todos los Presupuestos Generales de los Cabildos de las islas no capitalinas para este ejercicio 2010; como también supera el presupuesto total consolidado del Cabildo de Gran Canaria, además de significar el 74% del Presupuesto previsto solamente para el Cabildo  de Tenerife.

 

Presupuestos Generales Iniciales de los Cabildos Insulares 2010
Cabildo:	Presupuesto (Meuros):
Tenerife	748,9
La Palma	95,3
La Gomera	40,6
El Hierro	35,5
Gran Canaria	445,1
Lanzarote	122,6
Fuerteventura	66,4
TOTAL ISLAS	1.554.4

 

Presupuestos de Ingresos Tributarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (Euros)
Concepto	2006  (Inicial ajustado)	2007 (Inicial ajustado)	2008 (Inicial ajustado)	2009 (Inicial ajustado)	2010 (Inicial)	Variación 2010/2006
Impuestos Directos	783.736.447	841.851.756	968.554.942	1.146.649.792	831.630.428	47.893.981
Impuestos Indirectos	1.448.343.279	1.709.125.754	1.830.372.946	1.138.242.985	902.883.748	-545.459.531
Tasas	97.415.997	101.972.883	119.185.916	128.274.482	123.040.716	25.624.719
Total	2.329.495.723	2.652.950.393	2.918.113.804	2.413.167.259	1.857.554.892	-471.940.831
Tasa Variación absoluta *Respecto año anterior	-	323.454.670	265.163.411	-504.946.545	-555.612.367	-471.940.831
Tasa Variación (%) *Respecto año anterior	-	+13.88 %	+9.99%	-17.3%	-23.03%	-20.26% (Variación respecto 2006)

 

Esta acusada caída de la recaudación, un 23% en el 2010 comparado con 2009, que, además, se verá superada por la liquidación final del presupuesto dada la actual situación de menor actividad económica, condicionará el alcance del actual plan de consolidación fiscal que, para nuestra Comunidad Autónoma, se traducirá en una reducción adicional de las cuentas públicas para el año 2011 de 1.069 meuros.

Situación ésta, junto con el impacto de las medidas de ajuste del gasto público anteriormente analizado,  por el que los empresarios demandamos que la mayor parte del ajuste presupuestario en los próximos Presupuestos Autonómicos se concentre en el gasto corriente no productivo y mantenga la inversión pública, lo cual conferiría un carácter especialmente estratégico, con el fin de recuperar tasas competitivas  en torno al 3% de crecimiento económico, que conduzca a una reducción del desempleo en Canarias.